En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una empresa especializada en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, autores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la administración de la firma valenciana una vez que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva demanda en Valencia por una pluralidad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que también supone a José Luis Villafranca, actual miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se apoya en acusaciones de emplear la composición de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de Lecturas adicionales JZI como accionista mayoritario. La demanda señala de qué manera, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados siguieron tomando resoluciones importantes, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Inversionistas y cesar a estos ejecutivos fueron sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este conflicto no solamente se prolonga por dos jurisdicciones, con litigios tanto en Estados Unidos como en España, sino que también revela una trama complicada de disputas legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital española de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por falta de indicios de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el mundo corporativo, sino más bien también las dificultades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los desafíos que enfrentan los inversores para proteger sus intereses y la importancia de una gestión transparente y ética en las compañías..